Nuestro cliente, del que nunca hemos dudado de su inocencia llegó al despacho acusado de un delito leve de estafa, que se dirimía en un Juzgado de Instrucción de Sevilla por realizar una compra en una plataforma digital con una tarjeta de crédito robada, todo ello venía provocado por una conexión no autorizada de un tercero en el router del wifi de su vivienda y que había cometido el hecho delictivo del que mi cliente había sido acusado.
Nuestra línea de defensa fue como cuestión previa impugnamos el atestado de la Policía Nacional por no ajustarse al relato fáctico de la denunciante suponiendo una vulneración a un proceso con todas las garantías, infracción del artículo 24 de la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA en particular al principio de legalidad, contradicción y defensa.
En el relato histórico se habían incluido hechos no acontecidos e inexactos, que derivan en una ineficacia del elemento probatorio, en el informe emitido por el proveedor de internet se aportan fechas de conexiones que no tienen nada que ver con la fecha del hecho que se enjuiciaba en ese acto, y en cuanto al informe de la plataforma digital no indicaba el puerto, no indicaba el país de origen de la compra, no informaba del articulo comprado, no indicaba el lugar de entrega de la compra, no existía boletín firmado por el receptor de los artículos, además no identificaba la empresa de transporte que hacía entrega del supuesto artículo comprado.
El día de la vista y en el interrogatorio «atroz» del Ministerio Fiscal fue siempre una continua búsqueda de desvirtuar la presunción de inocencia de mi representado, fue clave en este momento procesal cuando la víctima reconoció que no había tenido relación alguna con el acusado, manifestando incluso que no sabía el motivo por el cual había sido citado por el Juzgado de Instrucción.
La línea IP o internet protocol es una dirección única que se asigna a cada aparato conectado a internet, es decir un router, estas direcciones son fácilmente accesible por cualquier vecino o cualquier persona que vaya por la calle, se pueda conectar de manera fraudulenta, la dirección IP indica la ubicación del proveedor de internet que tienes contratado. Por tanto, no es capaz de descifrar la ubicación exacta de un dispositivo, los programas o páginas web para rastrear IP no dan direcciones concretas o ni siquiera aciertan con la calle o localidad donde se encuentra el dispositivo. En el acto de la vista reiteramos que cualquier persona con un leve conocimiento informático puede acceder a un router ajeno y cometer un delito como el que se había cometido en el procedimiento que se estaba juzgando.
No se había podido demostrar el nexo causal entre el engaño bastante y el daño provocado, elementos tipo indispensables para que se consuma el delito de estafa, indica la sentencia que el dolo del agente tiene que ser antecedente o concurrente en la dinámica defraudatoria no valiendo el dolo subsequens, es decir, sobrevenido y no anterior al negocio jurídico que se trate.
En el presente caso, la única prueba que permite enlazar al acusado con el acto es el desplazamiento patrimonial de la denunciante, siendo la línea asociada a la IP del router de nuestro cliente, acreditamos que la denunciada en la fecha y hora de la comisión del delito no se encontraba en el domicilio y por tanto no pudo ser el autor del hecho delictivo del que había sido acusado.
Nuestro cliente obtuvo una sentencia absolutoria por falta de pruebas suficientes incriminatorias de autoría de los hechos imputados, todo ello basado en la doctrina in dubio pro reo que en el Derecho Penal indica que si el juez o tribunal tienen ciertas dudas sobre la culpabilidad de un acusado tras valorar las pruebas pertinentes, la sentencia debe favorecer siempre al acusado. Se puede definir como “ante la duda, a favor del acusado”.
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